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Hace medio siglo, Chile se vio sacudido por un golpe de estado que marcó un quiebre en su historia. El 11 de septiembre de 1973, el derrocamiento de Salvador Allende por parte de Augusto Pinochet sumió al país en una oscura dictadura que perduró por casi dos décadas. Hoy, al conmemorar este doloroso episodio, nos encontramos inmersos en un proceso constitucional que podría cambiar radicalmente el curso de la nación.
El nuevo proceso constitucional que actualmente atraviesa el país no solo representa una oportunidad para redefinir sus bases legales, sino también para fortalecer su tejido social y político, como un ejercicio de memoria y justicia para aquellos que sufrieron bajo el régimen autoritario.
Es esencial recordar que la Constitución de 1980, impuesta durante la dictadura, ha sido un pilar fundamental de la desigualdad persistente en Chile, pues su formulación excluyó a grandes sectores de la sociedad y otorgó un poder desproporcionado a ciertos grupos económicos. Las consecuencias de este marco legal se reflejan en las brechas sociales y la falta de acceso a servicios básicos que, hasta hoy, aquejan a amplias capas de la población.
El estallido social del 18 octubre de 2019 fue el punto de partida para este nuevo proceso, una efervescencia popular que exigió, con firmeza y valentía, una nueva Constitución que pusiera fin a las décadas de desigualdades y demandas no escuchadas, producto de las ataduras impuestas durante la dictadura de Pinochet. En respuesta a la presión ciudadana y tras el llamado “Acuerdo por la Paz” entre el gobierno del empresario Sebastián Piñera y la oposición, se convocó a un histórico plebiscito nacional en octubre de 2020 para determinar si la ciudadanía deseaba una nueva Constitución y qué tipo de organismo sería encargado de redactarla.
El resultado fue contundente: más del 78% de los votantes optaron por una Convención Constituyente, compuesta por ciudadanos electos específicamente para este fin. La Convención Constituyente inició sus trabajos en julio de 2021, marcando un hito al ser el primer órgano encargado de redactar una nueva Constitución en la historia de Chile.
A lo largo de este proceso, la Convención enfrentó diversos desafíos respecto a la construcción de consensos, sin embargo, la propuesta de Constitución Política de la República de Chile se caracterizaba por un Estado de bienestar de carácter plurinacional y ecológico, que imponía el reconocimiento y valoración de los derechos humanos, la autonomía de las regiones y el reconocimiento de grupos históricamente excluidos, tales como, personas en situación de discapacidad, indígenas, niños, adolescentes, mujeres y diversidades y disidencias sexuales y de género. Tras su presentación el 4 de septiembre de 2022 fue rechazada por un resultado del 62% en contra de la propuesta.
Varios factores incidieron en el rechazo al texto de nueva Constitución: el voto de castigo a la Convención Constitucional, percibida como una nueva elite; el tono en ocasiones destemplado del debate; el desprestigio del órgano constituyente alimentado por su fragmentación y por varios escándalos; la subrepresentación de la derecha en el cónclave, que no reflejaba su presencia en la sociedad; el temor al cambio y a un eventual debilitamiento del derecho de propiedad o de las tradiciones en el nuevo escenario institucional, discurso amplificado por una campaña comunicacional que incluyó no pocas fakes news.
En diciembre de ese mismo año y durante el nuevo gobierno del presidente Gabriel Boric, se anuncia el acuerdo alcanzado por los parlamentarios, el cual determina la creación de tres organismos creados especialmente para la redacción de una nueva propuesta constitucional: la Comisión Experta de 24 integrantes designados por el Congreso Nacional, que desarrollará un anteproyecto de texto constitucional; el Consejo Constitucional compuesto por 50 miembros electos por votación popular que aprobará y podrá modificar dicho texto; y el Comité Técnico de Admisibilidad que actuará como árbitro cuando existan requerimientos sobre propuestas de normas que podrían infringir normativas.
A diferencia de la propuesta anterior, el actual borrador supone un retroceso sustantivo en el acceso a derechos básicos de la población. La protección de la vida de “quien está a punto de nacer», presiona para que la legislación actual sobre el aborto sea inconstitucional, dejando que la legislatura y el Tribunal Constitucional decidan al respecto.
El nuevo proyecto restringe también el derecho de huelga a los trabajadores de los sectores público y privado que prestan servicios públicos o cuya paralización cause graves daños a la salud, el suministro, la economía o la seguridad, permitiéndoles hacer huelga sólo durante la «negociación colectiva». Además, no reconoce el cambio climático pues mantiene la misma regla de la Constitución de 1980, solo protegiendo la no contaminación del medio ambiente.
Otro de los puntos críticos del nuevo borrador es la exención fiscal para la primera vivienda, que afecta al presupuesto de los municipios más pobres que financian parte de sus actividades con los ingresos generados por este impuesto. La extrema derecha justificó esta norma bajo el principio de «tributación justa», que está lejos de ser el caso. Actualmente, el 77% de las propiedades están exentas del pago de este impuesto, lo que significa que los únicos beneficiarios de esta regla serían los segmentos más ricos del país.
El nuevo proyecto constitucional liderado por los grupos más conservadores del país intenta desmantelar las garantías sociales y los derechos democráticos, protegiendo los intereses de una pequeña élite económica. El mismo propósito de Pinochet al dictar la Constitución de 1980.
Sin embargo, la respuesta del presidente Gabriel Boric ha sido contundente con la implementación de nuevas políticas públicas que brindan mayor acceso a la población a sus derechos básicos. Por un lado, la gratuidad total en las atenciones de salud (que incluye urgencias que requieren hospitalización), para aquellas personas que se atienden en los centros del sistema público de Salud (Fonasa), lo que representa casi un 80% de la población. Por otro lado, el aumento del sueldo mínimo $400.000 (US$500), representa el reajuste más grande en 29 años beneficiando a cerca de 800.000 trabajadores.
Finalmente, a pesar de los desafíos enfrentados, el proceso constitucional en Chile en un hito en la historia del país y representa una ventana de oportunidad para rediseñar los cimientos de la democracia y la justicia en el país. Es fundamental que la nueva Constitución promueva una cultura de respeto a los derechos humanos y establezca mecanismos de rendición de cuentas para evitar retrocesos en materia de libertades fundamentales.
Es imperativo que el nuevo texto constitucional aborde las desigualdades arraigadas en la sociedad chilena, proporcionando garantías de acceso a la educación, salud y oportunidades para todos los ciudadanos. Asimismo, debe reconocer y proteger los derechos fundamentales, asegurando la dignidad y libertad de cada individuo.
La igualdad de género no es solo un derecho, sino un pilar fundamental para la construcción de una sociedad más justa y avanzada. La nueva Constitución debe garantizar la participación activa y equitativa de las mujeres en todos los ámbitos de la vida pública y privada.
La sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente deben ser parte central de la nueva Carta Magna. Chile, con su impresionante diversidad geográfica, tiene una oportunidad única para liderar en materia de políticas ambientales. El reconocimiento de los derechos de la naturaleza y la promoción de prácticas sostenibles son esenciales para asegurar un futuro próspero y armonioso.
El éxito de este esfuerzo radica en la voluntad de construir juntos un Chile más inclusivo, justo y próspero. Este proceso es un llamado a la reflexión y participación de la sociedad, pues la historia nos recordará por nuestra capacidad de forjar un futuro mejor.
Texto: Victoria Salazar Cruz, militante de la Juventud Socialista de Chile
Imagen: Logo de la Juventud Socialista de Chile
Zwischen Geschichte und Hoffnung: Der Weg zu einer neuen Verfassung in Chile
Vor einem halben Jahrhundert wurde Chile von einem Putsch erschüttert, der einen Bruch in der Geschichte markierte. Am 11. September 1973 putschte Augusto Pinochet Salvador Allende und stürzte das Land in eine düstere Diktatur, die fast zwei Jahrzehnte andauerte. Heute, da wir diesem schmerzlichen Ereignis gedenken, befinden wir uns mitten in einem Verfassungsprozess, der den Kurs der Nation radikal verändern könnte.
Der neue Verfassungsprozess, den das Land derzeit durchläuft, stellt nicht nur eine Gelegenheit dar, die rechtlichen Grundlagen neu zu definieren, sondern auch das soziale und politische Gefüge zu stärken – als Akt der Erinnerung und der Gerechtigkeit für diejenigen, die unter dem autoritären Regime gelitten haben.
Es ist essenziell, daran zu erinnern, dass die während der Diktatur auferlegte Verfassung von 1980 eine tragende Säule der anhaltenden Ungleichheit in Chile war, da ihre Ausgestaltung grosse Teile der Gesellschaft ausschloss und bestimmten Wirtschaftsgruppen unverhältnismässige Macht verlieh. Die Folgen dieses Rechtsrahmens spiegeln sich in den sozialen Klüften und dem mangelnden Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen wider, unter denen bis heute weite Teile der Bevölkerung leiden.
Die sozialen Unruhen vom 18. Oktober 2019 waren der Ausgangspunkt für diesen neuen Prozess – eine Volksbewegung, die mit Entschlossenheit und Mut eine neue Verfassung forderte, um den jahrzehntelangen Ungleichheiten und ungehörten Forderungen ein Ende zu setzen, die das Ergebnis der während der Pinochet-Diktatur auferlegten Zwänge waren. Als Reaktion auf den Druck der Bevölkerung und nach dem sogenannten „Friedensabkommen“ zwischen der Regierung des Unternehmers Sebastián Piñera und der Opposition wurde im Oktober 2020 ein historisches nationales Referendum einberufen, um zu entscheiden, ob die Bürger*innen eine neue Verfassung wünschten und welche Art von Gremium mit deren Ausarbeitung beauftragt werden sollte.
Das Ergebnis war eindeutig: Mehr als 78 % der Wählenden entschieden sich für eine Verfassungsgebende Versammlung, der sich aus speziell zu diesem Zweck gewählten Bürger*innen zusammensetzt. Die Verfassungsgebende Versammlung nahm ihre Arbeit im Juli 2021 auf und setzte damit einen Meilenstein, da sie das erste Gremium in der Geschichte Chiles ist, das mit der Ausarbeitung einer neuen Verfassung beauftragt wurde.
Im Laufe dieses Prozesses sah sich der Verfassungsrat mit verschiedenen Herausforderungen bei der Konsensfindung konfrontiert, dennoch zeichnete sich der Entwurf der Verfassung der Republik Chile durch einen plurinationalen und ökologischen Wohlfahrtsstaat aus, der die Anerkennung und Achtung der Menschenrechte, die Autonomie der Regionen sowie die Anerkennung historisch ausgegrenzter Gruppen wie Menschen mit Behinderungen, Indigene, Kinder, Jugendliche, Frauen sowie der LGBTQIA+-Community vorschrieb. Nach ihrer Vorlage am 4. September 2022 wurde sie mit einem Ergebnis von 62 % gegen den Entwurf abgelehnt.
Mehrere Faktoren trugen zur Ablehnung des Verfassungsentwurfs bei: die Abstrafung des Verfassungskonvents, der als neue Elite wahrgenommen wurde; der bisweilen hitzige Ton der Debatte; die Diskreditierung des verfassungsgebenden Gremiums, die durch dessen Zersplitterung und verschiedene Skandale noch verstärkt wurde; die Unterrepräsentation der Rechten im Konvent, die deren Präsenz in der Gesellschaft nicht widerspiegelte; die Angst vor Veränderungen und einer möglichen Schwächung des Eigentumsrechts oder der Traditionen im neuen institutionellen Umfeld, ein Diskurs, der durch eine Kommunikationskampagne verstärkt wurde, die nicht wenige Fake News beinhaltete.
Im Dezember desselben Jahres, unter der neuen Regierung von Präsident Gabriel Boric, wurde die von den Abgeordneten erzielte Einigung bekannt gegeben, welche die Einrichtung von drei eigens für die Ausarbeitung eines neuen Verfassungsentwurfs geschaffenen Gremien vorsieht: die Expert*innenkommission mit 24 vom Nationalkongress ernannten Mitgliedern, die einen Vorentwurf für den Verfassungstext ausarbeiten wird; den Verfassungsrat, bestehend aus 50 durch Volkswahl gewählten Mitgliedern, der diesen Text verabschieden und ändern kann; und den Technischen Zulässigkeitsausschuss, der als Schiedsrichter*in fungiert, wenn Bedenken hinsichtlich Gesetzesvorschlägen bestehen, die gegen geltende Vorschriften verstossen könnten.
Im Gegensatz zum vorherigen Entwurf bedeutet der aktuelle Entwurf einen erheblichen Rückschritt beim Zugang der Bevölkerung zu Grundrechten. Der Schutz des Lebens „der Ungeborenen“ zielt darauf ab, die derzeitige Gesetzgebung zum Schwangerschaftsabbruch für verfassungswidrig zu erklären, wobei die Entscheidung darüber den Gesetzgebenden und dem Verfassungsgericht überlassen bleibt.
Der neue Entwurf schränkt zudem das Streikrecht für Arbeitnehmende im öffentlichen und privaten Sektor ein, die öffentliche Dienstleistungen erbringen oder deren Arbeitsniederlegung schwerwiegende Schäden für Gesundheit, Versorgung, Wirtschaft oder Sicherheit verursachen würde, und erlaubt ihnen Streiks nur während „Tarifverhandlungen“. Darüber hinaus erkennt er den Klimawandel nicht an, da er die gleiche Regelung wie in der Verfassung von 1980 beibehält und lediglich den Schutz vor Umweltverschmutzung gewährleistet.
Ein weiterer kritischer Punkt des neuen Entwurfs ist die Steuerbefreiung für den Erstwohnsitz, die sich auf den Haushalt der ärmsten Gemeinden auswirkt, die einen Teil ihrer Aktivitäten aus den Einnahmen dieser Steuer finanzieren. Die extreme Rechte rechtfertigte diese Regelung mit dem Prinzip der „gerechten Besteuerung“, was jedoch bei weitem nicht der Fall ist. Derzeit sind 77 % der Immobilien von dieser Steuer befreit, was bedeutet, dass die einzigen Nutzniesser dieser Regelung die reichsten Bevölkerungsschichten des Landes wären.
Der neue Verfassungsentwurf, der von den konservativsten Gruppen des Landes vorangetrieben wird, zielt darauf ab, soziale Garantien und demokratische Rechte abzubauen und die Interessen einer kleinen wirtschaftlichen Elite zu schützen. Genau das war auch Pinochets Ziel, als er 1980 die Verfassung erliess.
Die Reaktion von Präsident Gabriel Boric war jedoch entschlossen: Er hat neue politische Massnahmen umgesetzt, die der Bevölkerung einen besseren Zugang zu ihren Grundrechten ermöglicht. Zum einen die vollständige Kostenfreiheit der Gesundheitsversorgung (einschliesslich Notfälle, die einen Krankenhausaufenthalt erfordern) für diejenigen, die in den Einrichtungen des öffentlichen Gesundheitssystems (Fonasa) behandelt werden, was fast 80 % der Bevölkerung entspricht. Zum anderen stellt die Anhebung des Mindestlohns auf 400.000 Pesos (500 US-Dollar) die grösste Anpassung seit 29 Jahren dar und kommt rund 800.000 Arbeiter*innen zugute.
Schliesslich stellt der Verfassungsprozess in Chile trotz der bestehenden Herausforderungen einen Meilenstein in der Geschichte des Landes dar und bietet die Chance, die Grundlagen von Demokratie und Gerechtigkeit im Land neu zu gestalten. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die neue Verfassung eine Kultur der Achtung der Menschenrechte fördert und Mechanismen der Rechenschaftspflicht einführt, um Rückschritte im Bereich der Grundfreiheiten zu verhindern.
Es ist unerlässlich, dass der neue Verfassungstext, die in der chilenischen Gesellschaft tief verwurzelten Ungleichheiten angeht und allen Bürger*innen den Zugang zu Bildung, Gesundheitsversorgung und Chancen garantiert. Ebenso muss er die Grundrechte anerkennen und schützen und die Würde und Freiheit jedes*r Einzelnen gewährleisten.
Die Gleichstellung der Geschlechter ist nicht nur ein Recht, sondern eine tragende Säule für den Aufbau einer gerechteren und fortschrittlicheren Gesellschaft. Die neue Verfassung muss die aktive und gleichberechtigte Teilhabe von FLINTAs in allen Bereichen des öffentlichen und privaten Lebens gewährleisten.
Nachhaltigkeit und Respekt vor der Umwelt müssen ein zentraler Bestandteil der neuen Verfassung sein. Chile hat mit der beeindruckenden geografischen Vielfalt die einmalige Chance, bei der Umweltpolitik eine Vorreiter*innenrolle einzunehmen. Die Anerkennung der Rechte der Natur und die Förderung nachhaltiger Praktiken sind unerlässlich, um eine aufblühende und harmonische Zukunft zu sichern.
Der Erfolg dieser Bemühungen beruht auf dem Willen, gemeinsam ein integrativeres, gerechteres und wohlhabenderes Chile zu schaffen. Dieser Prozess ist ein Aufruf zum Nachdenken und zur Mitwirkung der Gesellschaft, denn die Geschichte wird uns daran erinnern, wie wir es geschafft haben, eine bessere Zukunft zu gestalten.
Übersetzung: Lou Hälg