Victoria Salazar Cruz
Juventud Socialista de Chile
Hace medio siglo, Chile se vio sacudido por un golpe de estado que marcó un quiebre en su historia. El 11 de septiembre de 1973, el derrocamiento de Salvador Allende por parte de Augusto Pinochet sumió al país en una oscura dictadura que perduró por casi dos décadas. Hoy, al conmemorar este doloroso episodio, nos encontramos inmersos en un proceso constitucional que podría cambiar radicalmente el curso de la nación.
El nuevo proceso constitucional que actualmente atraviesa el país no solo representa una oportunidad para redefinir sus bases legales, sino también para fortalecer su tejido social y político, como un ejercicio de memoria y justicia para aquellos que sufrieron bajo el régimen autoritario.
Es esencial recordar que la Constitución de 1980, impuesta durante la dictadura, ha sido un pilar fundamental de la desigualdad persistente en Chile, pues su formulación excluyó a grandes sectores de la sociedad y otorgó un poder desproporcionado a ciertos grupos económicos. Las consecuencias de este marco legal se reflejan en las brechas sociales y la falta de acceso a servicios básicos que, hasta hoy, aquejan a amplias capas de la población.
El estallido social del 18 octubre de 2019 fue el punto de partida para este nuevo proceso, una efervescencia popular que exigió, con firmeza y valentía, una nueva Constitución que pusiera fin a las décadas de desigualdades y demandas no escuchadas, producto de las ataduras impuestas durante la dictadura de Pinochet. En respuesta a la presión ciudadana y tras el llamado “Acuerdo por la Paz” entre el gobierno del empresario Sebastián Piñera y la oposición, se convocó a un histórico plebiscito nacional en octubre de 2020 para determinar si la ciudadanía deseaba una nueva Constitución y qué tipo de organismo sería encargado de redactarla.
El resultado fue contundente: más del 78% de los votantes optaron por una Convención Constituyente, compuesta por ciudadanos electos específicamente para este fin. La Convención Constituyente inició sus trabajos en julio de 2021, marcando un hito al ser el primer órgano encargado de redactar una nueva Constitución en la historia de Chile.
A lo largo de este proceso, la Convención enfrentó diversos desafíos respecto a la construcción de consensos, sin embargo, la propuesta de Constitución Política de la República de Chile se caracterizaba por un Estado de bienestar de carácter plurinacional y ecológico, que imponía el reconocimiento y valoración de los derechos humanos, la autonomía de las regiones y el reconocimiento de grupos históricamente excluidos, tales como, personas en situación de discapacidad, indígenas, niños, adolescentes, mujeres y diversidades y disidencias sexuales y de género. Tras su presentación el 4 de septiembre de 2022 fue rechazada por un resultado del 62% en contra de la propuesta.
Varios factores incidieron en el rechazo al texto de nueva Constitución: el voto de castigo a la Convención Constitucional, percibida como una nueva elite; el tono en ocasiones destemplado del debate; el desprestigio del órgano constituyente alimentado por su fragmentación y por varios escándalos; la subrepresentación de la derecha en el cónclave, que no reflejaba su presencia en la sociedad; el temor al cambio y a un eventual debilitamiento del derecho de propiedad o de las tradiciones en el nuevo escenario institucional, discurso amplificado por una campaña comunicacional que incluyó no pocas fakes news.
En diciembre de ese mismo año y durante el nuevo gobierno del presidente Gabriel Boric, se anuncia el acuerdo alcanzado por los parlamentarios, el cual determina la creación de tres organismos creados especialmente para la redacción de una nueva propuesta constitucional: la Comisión Experta de 24 integrantes designados por el Congreso Nacional, que desarrollará un anteproyecto de texto constitucional; el Consejo Constitucional compuesto por 50 miembros electos por votación popular que aprobará y podrá modificar dicho texto; y el Comité Técnico de Admisibilidad que actuará como árbitro cuando existan requerimientos sobre propuestas de normas que podrían infringir normativas.
A diferencia de la propuesta anterior, el actual borrador supone un retroceso sustantivo en el acceso a derechos básicos de la población. La protección de la vida de “quien está a punto de nacer», presiona para que la legislación actual sobre el aborto sea inconstitucional, dejando que la legislatura y el Tribunal Constitucional decidan al respecto.
El nuevo proyecto restringe también el derecho de huelga a los trabajadores de los sectores público y privado que prestan servicios públicos o cuya paralización cause graves daños a la salud, el suministro, la economía o la seguridad, permitiéndoles hacer huelga sólo durante la «negociación colectiva». Además, no reconoce el cambio climático pues mantiene la misma regla de la Constitución de 1980, solo protegiendo la no contaminación del medio ambiente.
Otro de los puntos críticos del nuevo borrador es la exención fiscal para la primera vivienda, que afecta al presupuesto de los municipios más pobres que financian parte de sus actividades con los ingresos generados por este impuesto. La extrema derecha justificó esta norma bajo el principio de «tributación justa», que está lejos de ser el caso. Actualmente, el 77% de las propiedades están exentas del pago de este impuesto, lo que significa que los únicos beneficiarios de esta regla serían los segmentos más ricos del país.
El nuevo proyecto constitucional liderado por los grupos más conservadores del país intenta desmantelar las garantías sociales y los derechos democráticos, protegiendo los intereses de una pequeña élite económica. El mismo propósito de Pinochet al dictar la Constitución de 1980.
Sin embargo, la respuesta del presidente Gabriel Boric ha sido contundente con la implementación de nuevas políticas públicas que brindan mayor acceso a la población a sus derechos básicos. Por un lado, la gratuidad total en las atenciones de salud (que incluye urgencias que requieren hospitalización), para aquellas personas que se atienden en los centros del sistema público de Salud (Fonasa), lo que representa casi un 80% de la población. Por otro lado, el aumento del sueldo mínimo $400.000 (US$500), representa el reajuste más grande en 29 años beneficiando a cerca de 800.000 trabajadores.
Finalmente, a pesar de los desafíos enfrentados, el proceso constitucional en Chile en un hito en la historia del país y representa una ventana de oportunidad para rediseñar los cimientos de la democracia y la justicia en el país. Es fundamental que la nueva Constitución promueva una cultura de respeto a los derechos humanos y establezca mecanismos de rendición de cuentas para evitar retrocesos en materia de libertades fundamentales.
Es imperativo que el nuevo texto constitucional aborde las desigualdades arraigadas en la sociedad chilena, proporcionando garantías de acceso a la educación, salud y oportunidades para todos los ciudadanos. Asimismo, debe reconocer y proteger los derechos fundamentales, asegurando la dignidad y libertad de cada individuo.
La igualdad de género no es solo un derecho, sino un pilar fundamental para la construcción de una sociedad más justa y avanzada. La nueva Constitución debe garantizar la participación activa y equitativa de las mujeres en todos los ámbitos de la vida pública y privada.
La sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente deben ser parte central de la nueva Carta Magna. Chile, con su impresionante diversidad geográfica, tiene una oportunidad única para liderar en materia de políticas ambientales. El reconocimiento de los derechos de la naturaleza y la promoción de prácticas sostenibles son esenciales para asegurar un futuro próspero y armonioso.
El éxito de este esfuerzo radica en la voluntad de construir juntos un Chile más inclusivo, justo y próspero. Este proceso es un llamado a la reflexión y participación de la sociedad, pues la historia nos recordará por nuestra capacidad de forjar un futuro mejor.